Pontificia Universidad Católica de Argentina: Análisis crítico de la implementación de políticas públicas alimentarias en la Argentina.
El informe introduce una mirada del orden local y del sistema interamericano de derechos humanos, desarrollando indicadores y vías interpretativas para sentar los lineamientos de un futuro caso del derecho a la alimentación en el SIDH.
Explicar cómo el diseño de políticas públicas impacta en la satisfacción del derecho a alimentación desde un enfoque de derechos humanos y proveer herramientas al sistema interamericano para conceptualizar el análisis de este derecho en las Américas.
Se realizó un estudio de tipo multidisciplinar que se divide en dos partes fundamentales. La primera dimensión responde al desarrollo de indicadores de proceso y resultado que reflejan el estado de protección del derecho a la alimentación y la respuesta estatal en clave de seguridad alimentaria, exponiendo un diagnóstico de indicadores cuantitativos en cinco conglomerados urbanos en la Argentina, así como también un estudio jurídico-político de legislación provincial y políticas públicas en estos conglomerados. La otra dimensión del trabajo pretende tanto propiciar argumentos al SIDH para alentar la admisión de un futuro caso, presentando el desarrollo jurisprudencial dentro del sistema interamericano y además el desarrollo producido en el tribunal europeo de derechos humanos en la materia.
Los estudios llevados adelante nos permiten afirmar que la situación de la inseguridad alimentaria respecto de la infancia en los conglomerados urbanos se contrarresta a partir de políticas públicas destinadas a proveer alimentos, mediante los refrigerios escolares o comedores comunitarios. Desde otra dimensión, atendiendo al sistema interamericano de derechos humanos, la traspolación de estándares jurídicos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería regresiva para las Américas. En esa clave, se atiende a los propios instrumentos regionales y se impulsa una interpretación dinámica que propicie la justiciabilidad del derecho a la alimentación en el sistema de protección interamericano.
Los desiertos de alimentos se definen como porciones del territorio –urbano y rural- que carecen de las condiciones de equipamiento e infraestructura para la oferta de bienes y servicios que permitan la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población que en ellos se asienta. De una reconstrucción de la categoría «Desiertos de Alimentos» a partir del contenido del «Derecho a la Alimentación» se propone el diseño de una metodología que permita la identificación, evaluación y análisis del fenómeno alimentario y en clave territorial y con enfoque de Derechos Humanos –derecho humano a la alimentación adecuada y el derecho humano a no morir de hambre-, como herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas alimentarias.
Este estudio constituye la segunda parte de un estudio previo realizado en el año 2013. Para ello se realizó, en primer lugar, una actualización del estado del arte en relación con los desiertos de alimentos – 2014 y 2015-, mediante el levantamiento y procesamiento de información documental de fuente secundaria en bases de datos especializadas; en segundo lugar, se reconstruyó un marco teórico a partir de las categorías “Desiertos de Alimentos” y “Derecho a Alimentación” para, en tercer lugar, ajustar la matriz de relación de categorías, dimensiones y variables de estas dos categorías, mediante el análisis de información documental –literatura especializada- y normativa –instrumentos internacionales y normativa doméstica- y sesiones de discusión entre el equipo de investigadores. En cuarto lugar, propone le da contenido a las variables, se identifican los indicadores de cada una de las variables, con el objetivo de proponer los instrumentos de recolección de información, y los modelos de calificación, cualificación y valoración de la información que se levanta.
El trabajo permitió redefinir el contenido del derecho a la alimentación, a partir de la literatura especializada y la normativa internacional y doméstica, e identificar las variables e indicadores de una metodología como la que se propone. Del estudio se da cuenta de la necesidad de realizar un trabajo interdisciplinario para el complejo análisis del fenómeno alimentario, el ajuste de las categorías «Desiertos de Alimentos» y «Derecho a la Alimentación» y el diseño de estrategias más pertinentes para el análisis de los problemas asociados a la alimentación adecuada y el hambre en clave territorial y con enfoque de derechos humanos.
La investigación expone una serie de obstáculos en la producción y acceso a información pública en Argentina, que repercuten en la efectiva determinación del cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada (DaAA). En el análisis efectuado, se tienen en cuenta las Directrices Voluntarias de FAO, esencialmente aquellas vinculadas a aspectos institucionales y de rendición de cuentas1 , y también se consideran los “Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador –PSS-”, en tanto los Estados que han ratificado el PSS, como es el caso de Argentina, deberán presentar en 2016 sus informes nacionales sobre el agrupamiento de derechos que incluye al DaAA.
Realizar un análisis de las implicancias de los déficits en materia de producción y acceso a información pública en Argentina en relación al Derecho a la Alimentación Adecuada, y actualizar el cálculo de los Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador.
En el diseño metodológico, se combinó un enfoque de análisis de política pública (a la luz del enfoque de derechos) con aportes desde la ciencia política y la sociología como modo de comprensión del desarrollo de las políticas e instituciones bajo estudio.
Entre los aspectos críticos en la producción y acceso a información pública en Argentina, que repercuten en la determinación del cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el DaAA, se destacan:
El derecho a la alimentación se alinea como un derecho fundamental ligado al derecho a la vida, en Colombia y Latinoamérica el Estado debe garantizar debidamente este derecho teniendo como prioridad las poblaciones vulnerables, las mujeres y los niños.
El Municipio de Manizales, Colombia, donde la población de mujeres es de 110 por cada 100 hombres, se convierte en objeto de estudio donde se busca definir las lecciones aprendidas en el proceso de agenciamiento empoderamiento y participación de las mujeres cabeza de hogar que buscan la justiciabilidad del derecho a la alimentación.
Los mecanismos estatales para garantizar este derecho han modificado las dinámicas sociales y la forma como las mujeres, cabeza de familia, encuentran la justiciabilidad del mismo, el empoderamiento se genera desde programas y plataformas instituidas gubernamentalmente y desde ellas se despliega el crecimiento social, que en algunos casos favorece, y en otros entorpece el agenciamiento de la mujer.
El objetivo de este trabajo es la reflexión de la experiencia boliviana sobre el desarrollo del proyecto de Ley de Educación Complementaria Escolar (ACE) en las fases pre legislativa y legislativa (aprobación de la ley), misma que busca cumplir la Directriz Voluntaria Nº 7 de la FAO, referido al cumplimiento del principio del derecho a la alimentación escolar como parte específica de la lucha contra el hambre y la pobreza en Bolivia.
El trabajo está contemplado dentro de la justiciabilidad de los derechos humanos, de la que es parte el derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; términos ampliamente debatidos por los diferentes actores sociales partes, que ha facilitado la aprobación de la ley de “Alimentación Escolar en el ámbito de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural”, que establece el objeto, marco competencial y fines, misma que posible al trabajo coordinado del Frente Parlamentario y la Universidad Mayor de San Andrés y el apoyo del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y Caribe (ODA ALC).
En el presente estudio se analizó el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de la alimentación escolar costarricense a la luz de las Directrices Voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Se analizó la manera en que las medidas nacionales favorecen el apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Se trabajó bajo una dinámica comparativa que le permitirá al lector hacerse una idea de la manera en que se ha implementado este derecho humano en el ámbito de la alimentación escolar.
Analizar si las medidas adoptadas en la normativa costarricense permiten la realización del Derecho a la Alimentación, utilizando como parámetro las Directrices Voluntarias de la FAO No. 2: Políticas de desarrollo económico; No. 7: Marco Jurídico; No. 9: Inocuidad de los alimentos y protección del consumidor; No.10: Nutrición; No.11: Educación y sensibilización; No.13: Apoyo a los grupos vulnerables; No.14: Redes de Seguridad y No. 17: Vigilancia, Indicadores y puntos de referencia.
Enfoque medológico interdisciplinario, previlegiando el análisis cualitativo tanto de los textos jurídicos como de las medidas de aplicación de las normas en estudio.
Se recomienda:
El derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria podría verse afectado por las consecuencias adversas del cambio climático. En especial, la agricultura se verá afectada por el impacto en las temperaturas, patrones de precipitación, y frecuencia de eventos extremos. Estos cambios podrían repercutir en la producción de alimentos y, fundamentalmente, en la capacidad de producción de los agricultores familiares y pequeños productores, poniendo en riesgo el logro del derecho de estos grupos a la alimentación y la seguridad alimentaria. Dado que tanto en el ámbito internacional como nacional se ha hecho hincapié en el cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía y siendo los agricultores familiares más sensibles a los impactos del cambio climático por su gran dependencia de los servicios que prestan los ecosistemas y la dificultad de acceder a alimentos a través del mercado, la asistencia del gobierno mediante políticas de adaptación al cambio climático se vuelve fundamental.
Analizar las políticas adoptadas por la Argentina para contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de los agricultores familiares, en pos de asegurar el derecho a la alimentación y consolidar la seguridad alimentaria, y sugerir mejoras y modificaciones, a partir de la experiencia de otros países que enfrentan desafíos similares.
La Argentina no ha adoptado medidas específicamente diseñadas para los Agricultores Familiares. Sin embargo, existe un proyecto de Adaptation Fund para este sector que lo ejecutan y supervisan entidades gubernamentales. La mayor dificultad es que por la condición socio-económica de los agricultores familiares, gran parte del proyecto está dedicada a mejorar el acceso al agua y no a la adaptación al cambio climático.
La presente investigación busca analizar el proceso de elaboración de una política pública regional en seguridad alimentaria así como también su contenido formal para hacer contraste con las Directrices Voluntarias. Este análisis toma amplia relevancia al tratarse del caso específico de Puno, región altiplánica del Perú que presenta preocupantes indicadores de inseguridad alimentaria a pesar de su potencialidad productiva.
El estudio “Agricultura familiar: motor de cambio para un futuro sin hambre en Colombia” comienza por destacar y reivindicar el papel de esta forma productiva para aquellos países y regiones que tienen en la producción agrícola un fundamento fuerte para su desarrollo sostenible. Colombia y concretamente el Departamento de Nariño se ubica en la mencionada categoría. Una breve revisión normativa nos da cuenta de la deuda histórica existente con el campo colombiano, que se ha visto afectado por conflictos por la tenencia de la tierra y el despojo, en un país donde se ha privilegiado a los grandes propietarios.
El reciente Censo Nacional agropecuario nos muestra en una primera etapa de resultados como la mayoría de las Unidades de Producción agropecuaria son inferiores a 5 hectáreas y se evidencia el papel de las mujeres en la toma de decisiones en el campo. En los últimos años se ha buscado fortalecer la Agricultura Familiar a través de políticas encaminadas a fortalecer la producción para el autoconsumo, como mecanismo de aseguramiento de la seguridad alimentaria de los productores campesinos, como es el caso del Programa de Agricultura Familiar, que busca reducir la pobreza en el sector rural, atendiendo a que este es uno de los problemas más sensibles en el campo colombiano.
Por otra parte, La agricultura familiar fue afectada por el conflicto armado que vivió Colombia en las últimas décadas. Las familias campesinas por sus difíciles condiciones infraestructurales, por su situación de vulnerabilidad y por la escasa presencia del Estado, fueron victimizadas por los actores armados, incidiendo en su desplazamiento o en su estancamiento.
La mujer rural que ha venido asumiendo la jefatura del hogar campesino, es la principal impulsora de la agricultura familiar y de su fortalecimiento depende en buena medida el éxito de los programas de luchas contra el hambre y la desnutrición infantil. No obstante enfrente graves dificultades acceder a la propiedad de la tierra, a préstamos bancarios, a los avances tecnológicos, a vías de comunicación y mercados alternativos, todo lo cual impide su consolidación en perjuicio de la familia campesina.
El creciente auge de los movimientos y organizaciones de mujeres rurales, al igual que los compromisos internacionales del Estado colombiano y de los gobiernos y locales, se convierte en una esperanza de un cambio positivo en favor de la agricultura familiar, sobretodo el regiones con fuerte tradición agraria y presencia proactiva de mujeres organizadas empoderar de sus derechos.
La paz que se aspira construir en Colombia a partir del año 2016 tiene en las mujeres rurales y en la agricultura familiar un bastión insustituible, por las posibilidades reales de afectar los niveles de pobreza del campo colombiano.