La difusión de información sobre el derecho a la alimentación como garantía de acceso a la justicia

Síntesis

A partir del hallazgo de la falta de un conocimiento acabado sobre El contenido del derecho a la alimentación tanto a nivel legislativo, judicial y gubernamental –identificado en el estudio realizado por este equipo de trabajo durante el año 2012 titulado El estado del arte del derecho a la alimentación en la Argentina- y convencidos de que tal difusión forma parte de la esfera de protección estatal, presentamos como fruto de esta investigación un análisis relativo a las obligaciones que asumen los Estados en miras a efectivizar el ejercicio de un derecho, considerando en ese orden a la difusión como parte integral de ellas, para así luego realizar un diagnóstico sobre los programas actualmente en funcionamiento con ese objetivo. En particular se considera, en ese orden, a los canales de acceso a la justicia – desde una concepción formal amplia – en miras a la protección del derecho a la alimentación de la población vulnerable bajo el marco de aquellas obligaciones. De esta manera se presentan las teorías desarrolladas al respecto y los programas actualmente vigentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –circunscripción obligada en aras de una investigación precisa y acotada-, analizados críticamente, a fin de identificar sus falencias y aciertos, e intentando hacer un aporte para la efectiva satisfacción de este derecho elemental.

Objetivos

  • Conocer los mecanismos estatales vigentes para satisfacer el derecho a la alimentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Identificar de qué manera se difunden dichos mecanismos en la esfera de los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial).
  • Identificar aciertos y falencias del acceso a la información necesaria.
  • Proponer mejoras a los procesos de difusión de los programas destinados a satisfacer este derecho fundamental.

Metodología

  • Relevamiento de los mecanismos de protección del derecho a la alimentación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Identificación de canales de acceso a la justicia implementados en la esfera de los tres poderes del Estado, tomando como fuentes las páginas oficiales de los organismos pertinentes.
  • Verificación del alcance de los programas vigentes, en cuanto se dirigen a la protección efectiva de los derechos sociales en general, y en particular al derecho a una alimentación adecuada.
  • Constatación de la difusión de dichos mecanismos a la sociedad en general.

Principales conclusiones

  • La difusión de información es inherente a la naturaleza del derecho a una alimentación adecuada, y hace las veces de mecanismo de garantía de este derecho, revistiendo especial gravedad cuando refiere a sujetos bajo condiciones de vulnerabilidad.
  • Esta divulgación ostenta un carácter perimetral, accesorio, previo e instrumental que se inserta dentro de la obligación más amplia de facilitar las condiciones necesarias para satisfacer este derecho (principio de subsidiariedad).
  • Resulta fundamental escoger la vía más expedita para cubrir necesidades básicas en miras a la satisfacción del derecho en trato, cada órgano de poder desde sus funciones específicas.
  • Es notoria la puesta en marcha de un plan tendiente a cubrir el acceso a la alimentación a personas imposibilitadas de cubrirlos con sus propios medios.
  • Los programas hoy vigentes no constituyen un mecanismo de prevención, sino en realidad medidas de corte reparador.
  • Se impone la necesidad de actuación interdisciplinaria y mancomunada de los diferentes órganos del Estado con la inclusión de la iniciativa de instituciones de la sociedad civil a fin de dar una respuesta acabada al acuciante problema del hambre.

Karina Carpintero

Karina Carpintero

Abogada (UCA). Maestrando en Derechos Constitucional y Derechos Humanos Universidad de Palermo (2014) y en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante (2015) Miembro e investigadora del Centro de Investigación en Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (UCA) Abogada voluntaria de la Clínica Jurídica de Interés Público, Universidad de Palermo. Profesora adscripta en Derechos Humanos (UCA).

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