Académicos debatieron en Costa Rica sobre la justiciabilidad del derecho a la alimentación
La justiciabilidad del derecho a la alimentación fue uno de los tópicos principales del IV Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, que reunió entre el 6 y 7 de noviembre a representantes de 18 universidades de 7 países de América Latina.
En la cita de dos días, efectuada en la Universidad de Costa Rica y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los académicos debatieron en torno a las vías de justiciabilidad de este derecho humano fundamental y los desafíos que existen en América Latina y el Caribe para su garantía.
“La exigibilidad y la efectividad del derecho a la alimentación deben ser desarrolladas e implementadas por los servicios y políticas generadas por los gobiernos. En aquellos casos en que el derecho es vulnerado en múltiples sentidos y escenarios, y las políticas públicas y las leyes no logran protegerlo, la vía judicial pasa a ser el mecanismo ideal de protección”, explicó Olga Restrepo, miembro de la Secretaria Técnica del Observatorio.
De acuerdo a Juan Carlos García Cebolla, líder del equipo de Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la justiciabilidad no solo es imprescindible para evitar, paliar, reconducir o sancionar comportamientos o decisiones que vulneran derechos intencionadamente. Es fundamental para la coherencia de la aplicación de las políticas y puede facilitar avances masivos en la realización del derecho a la alimentación”.
En muchos países, sin embargo, el derecho a la alimentación no se encuentra reconocido en su constitución, leyes o políticas, lo que genera importantes desafíos a la hora de dar respuestas adecuadas y efectivas a la población más vulnerable, así como para que ésta pueda acceder a la justicia.
El IV Encuentro fue organizado por el Observatorio en conjunto con la Universidad de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH); y contó con el apoyo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y la Cooperación Española.
“La Corte ha desarrollado una jurisprudencia particularmente enriquecedora en torno a la interpretación evolutiva del derecho a la vida digna”. En definitiva, “un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos puede ser el más prometedor para acabar con la pobreza, el hambre y la injusticia, así como para garantizar un nivel de vida adecuado y digno para todos, con especial atención a los grupos y personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, mencionó Roberto F Caldas, juez y vicepresidente de la Corte IDH.
En la ocasión también se debatió sobre las políticas para la consecución del derecho a la alimentación en el marco de las Directrices Voluntarias de la FAO, la compatibilidad entre los marcos normativos y la garantía del derecho a la alimentación, los sistema de indicadores de progreso en derechos humanos y su aplicación en el derecho a la alimentación, entre otros temas.
El evento, además, fue el marco de la firma de un Acuerdo de Trabajo Conjunto entre el Observatorio y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de la presentación de un compendio de investigaciones efectuado por las universidades miembro del Observatorio.
Universidades contra el hambre
El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe es una red de académicos que busca propiciar la discusión sobre los enfoques del derecho, su efectividad en las legislaciones nacionales y el impacto de éstas en la protección efectiva del derecho a la alimentación. Además, pretende incentivar la investigación entre académicos y estudiantes, y convertirse en un importante centro de difusión y sistematización de información sobre este derecho humano.
El Observatorio nació en 2011 en Colombia, en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, un compromiso de los países de la región para erradicar el hambre antes del 2025, y a la fecha cuenta con 32 universidades.
En sus casi 4 años de existencia, las universidades miembro han efectuado 28 investigaciones, 10 de las cuales, realizadas entre los años 2011 y 2012, conforman una publicación que será presentada en el IV Encuentro. En ellos se analiza el estado del derecho a la alimentación en la legislación de diversos países, y otros tópicos, como la política pública del derecho a la alimentación en situaciones de desastre, o las interrelaciones entre la adopción de un enfoque de derechos humanos y los programas sociales.