La industria de alimentos y los derechos de los ciudadanos
Escrito por Luz Stella Álvarez Castaño
Publicado en Colombia, Columnas, Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional
Luz Stella Álvarez Castaño. PHD
Universidad de Antioquia. Colombia
Luz.alvarez@udea.edu.co
En entrevista radial el pasado mes de diciembre, el ministro de salud colombiano Alejandro Gaviria manifestó su asombro por el lobby desplegado por los gremios de la producción y el comercio, con motivo de la discusión en el Congreso de la Republica sobre el impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el gobierno nacional e impulsado por el Ministerio de Salud como una medida de salud pública. De acuerdo a lo manifestado por el ministro la presencia de loístas representantes de la cadena de bebidas azucaradas en el periodo de discusión del impuesto no tenía precedentes en la historia del país (Ver entrevista al Ministro)
El despliegue de los gremios no sólo se limitó a influenciar el voto de los congresistas, lo que finalmente lograron, sino que se acompañó de un abanico de estrategias que incluyó: tratar de desvirtuar la evidencia científica que asocia el consumo de estas bebidas con la obesidad y otras enfermedades crónicas, movilizar a los tenderos con el argumento que el impuesto constituía su ruina debido a la disminución de las ventas de gaseosas, hasta la “defensa” de la dieta tradicional, ya que según un dirigente gremial había que considerar a la población más pobre pues la gaseosa y el pan constituye el almuerzo de los obreros colombianos. A pesar de lo anterior una de las estrategias que más llamó la atención fue la censura al comercial de la organización Educar Consumidores fruto de una demanda interpuesta por Gaseosas Postobón y aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio y por fortuna esa censura fue desmontada por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada (Ver retiro del comercial).
Esta demostración de fuerza con recursos financieros, medios de comunicación, estrategias jurídicas, congresistas y partidos políticos financiados por esta industria, obliga a hacerse preguntas. Las más elementales, las que se hacen muchos ciudadanos son: ¿podemos saber qué comemos?, ¿deberíamos confiar en las etiquetas de los productos procesados? ¿Quién está fijando las normas sobre el procesamiento de alimentos en el país? Cuando el ánimo de lucro entra en conflicto con la protección a la salud de los ciudadanos ¿de parte de quién se pone el estado?. Tardamos años para conocer los efectos del tabaquismo sobre la salud aunque ya muchos investigadores advertían de su asociación con el cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Muchos gobiernos como el de Uruguay, al aprobar leyes para informar a la población sobre el tabaquismo, enfrentan en la actualidad pleitos legales impuestos por las multinacionales de la industria del tabaco, ¿estamos en la misma situación en el caso de los alimentos procesados?
Pero además una pregunta obligada: ¿qué implicaciones puede tener la decisión de la Corte?. Tal vez no logremos ver el cuadro completo por lo vertiginoso de los acontecimientos en un periodo muy corto de tiempo, pero sin duda estamos frente a hechos transformadores (Ver tutela de la Corte).
Aunque sólo se conocen apartes de la Sentencia, sin duda la decisión de la Corte tampoco tiene precedentes e inaugura una nueva era en términos del contenido de ciertos derechos sociales como el de la salud y me atrevo a decir que también frente al derecho a la alimentación adecuada y su conexidad con otros derechos como el de estar bien informado. Es decir que conocer cómo se produce y cuál es el contenido y los posibles efectos para la salud de los productos que nos ofrece la industria de alimentos ya no será una cuestión de autoregulación ni quedará a voluntad del productor o el cultivador, sino que empezará a ser parte de la realización de nuestros derechos como ciudadanos consumidores. Me aventuro a proyectar que el papel de instituciones como el INVIMA también se transformará y que tal como ha evolucionado la noción de los derechos humanos escalaremos nuestras expectativas para que industria de alimentos también se vea obligada a desarrollar prácticas de cultivo y procesamiento sustentables y saludables y a manifestarlas.
