En este trabajo se abordará el análisis de dos de los principales programas alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires, Ticket Social y Ciudadanía Porteña. Estos serán analizados desde una perspectiva macrosocial, sobre la base de un análisis crítico de los aspectos socioeconómicos y los principales nudos problemáticos que presenta su desarrollo.
El artículo analiza las principales características del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en Argentina desde el enfoque de derechos, en tanto metodología que establece las vinculaciones entre las obligaciones contenidas en los pactos y tratados internacionales de Derechos Humanos y su incorporación a las políticas públicas. En ese sentido, se intentará dar respuesta a una serie de interrogantes, como: ¿Se respeta el contenido mínimo del derecho que se pretende asegurar –Derecho Humano a la Alimentación Adecuada? ¿Se respeta el principio de igualdad/no discriminación? ¿Y el de progresividad/no regresividad? ¿Se garantiza una correcta rendición de cuentas del programa basada en una oportuna producción de información y en la posibilidad de acceso a esta por parte de la ciudadanía? ¿Se han instrumentado mecanismos de reclamo o está garantizado el acceso a la justicia para los/as titulares de la política/programa? En base a evidencia empírica se abordan los cuestionamientos señalados y se formulan recomendaciones para delinear políticas sociales respetuosas de los principios de los Derechos Humanos.
El informe introduce una mirada del orden local y del sistema interamericano de derechos humanos, desarrollando indicadores y vías interpretativas para sentar los lineamientos de un futuro caso del derecho a la alimentación en el SIDH.
Explicar cómo el diseño de políticas públicas impacta en la satisfacción del derecho a alimentación desde un enfoque de derechos humanos y proveer herramientas al sistema interamericano para conceptualizar el análisis de este derecho en las Américas.
Se realizó un estudio de tipo multidisciplinar que se divide en dos partes fundamentales. La primera dimensión responde al desarrollo de indicadores de proceso y resultado que reflejan el estado de protección del derecho a la alimentación y la respuesta estatal en clave de seguridad alimentaria, exponiendo un diagnóstico de indicadores cuantitativos en cinco conglomerados urbanos en la Argentina, así como también un estudio jurídico-político de legislación provincial y políticas públicas en estos conglomerados. La otra dimensión del trabajo pretende tanto propiciar argumentos al SIDH para alentar la admisión de un futuro caso, presentando el desarrollo jurisprudencial dentro del sistema interamericano y además el desarrollo producido en el tribunal europeo de derechos humanos en la materia.
Los estudios llevados adelante nos permiten afirmar que la situación de la inseguridad alimentaria respecto de la infancia en los conglomerados urbanos se contrarresta a partir de políticas públicas destinadas a proveer alimentos, mediante los refrigerios escolares o comedores comunitarios. Desde otra dimensión, atendiendo al sistema interamericano de derechos humanos, la traspolación de estándares jurídicos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sería regresiva para las Américas. En esa clave, se atiende a los propios instrumentos regionales y se impulsa una interpretación dinámica que propicie la justiciabilidad del derecho a la alimentación en el sistema de protección interamericano.
La investigación expone una serie de obstáculos en la producción y acceso a información pública en Argentina, que repercuten en la efectiva determinación del cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el Derecho a la Alimentación Adecuada (DaAA). En el análisis efectuado, se tienen en cuenta las Directrices Voluntarias de FAO, esencialmente aquellas vinculadas a aspectos institucionales y de rendición de cuentas1 , y también se consideran los “Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador –PSS-”, en tanto los Estados que han ratificado el PSS, como es el caso de Argentina, deberán presentar en 2016 sus informes nacionales sobre el agrupamiento de derechos que incluye al DaAA.
Realizar un análisis de las implicancias de los déficits en materia de producción y acceso a información pública en Argentina en relación al Derecho a la Alimentación Adecuada, y actualizar el cálculo de los Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador.
En el diseño metodológico, se combinó un enfoque de análisis de política pública (a la luz del enfoque de derechos) con aportes desde la ciencia política y la sociología como modo de comprensión del desarrollo de las políticas e instituciones bajo estudio.
Entre los aspectos críticos en la producción y acceso a información pública en Argentina, que repercuten en la determinación del cumplimiento de la obligación estatal de garantizar el DaAA, se destacan:
El derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria podría verse afectado por las consecuencias adversas del cambio climático. En especial, la agricultura se verá afectada por el impacto en las temperaturas, patrones de precipitación, y frecuencia de eventos extremos. Estos cambios podrían repercutir en la producción de alimentos y, fundamentalmente, en la capacidad de producción de los agricultores familiares y pequeños productores, poniendo en riesgo el logro del derecho de estos grupos a la alimentación y la seguridad alimentaria. Dado que tanto en el ámbito internacional como nacional se ha hecho hincapié en el cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía y siendo los agricultores familiares más sensibles a los impactos del cambio climático por su gran dependencia de los servicios que prestan los ecosistemas y la dificultad de acceder a alimentos a través del mercado, la asistencia del gobierno mediante políticas de adaptación al cambio climático se vuelve fundamental.
Analizar las políticas adoptadas por la Argentina para contribuir a mejorar la capacidad de adaptación de los agricultores familiares, en pos de asegurar el derecho a la alimentación y consolidar la seguridad alimentaria, y sugerir mejoras y modificaciones, a partir de la experiencia de otros países que enfrentan desafíos similares.
La Argentina no ha adoptado medidas específicamente diseñadas para los Agricultores Familiares. Sin embargo, existe un proyecto de Adaptation Fund para este sector que lo ejecutan y supervisan entidades gubernamentales. La mayor dificultad es que por la condición socio-económica de los agricultores familiares, gran parte del proyecto está dedicada a mejorar el acceso al agua y no a la adaptación al cambio climático.
Revisión de la jurisprudencia argentina para evidenciar el grado de integración y alcance que la Directriz 7 (marco jurídico) ha manifestado en las decisiones dictadas por los jueces frente a controversias referentes a la protección, respeto y realización del derecho a la alimentación adecuada. Si a la luz de la jurisprudencia argentina, la República ha atendido, y con qué grado y alcances, a la Directriz 7.
Establecer el estado de avance de la implementación por la República Argentina de la Directriz 7 desde su dimensión legal, jurisprudencial y doctrinaria. Analizar la justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada y de otros derechos económicos y sociales. Considerar el principio de progresividad en la plena realización de los mentados derechos, enunciado en los arts. 2.1 y 26, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente.
Examinar la jurisprudencia nacional que se ha pronunciado sobre el reconocimiento y justiciabilidad del derecho a una alimentación adecuada; los estándares que rigen la adecuación de la alimentación; el sentido y alcances de la progresividad en la realización del derecho a una alimentación adecuada; las obligaciones internas e internacionales asumidas por el Estado, en materia de respeto, protección y realización del derecho a una alimentación adecuada, y las vías de recurso adecuadas, eficaces y rápidas accesibles, en particular, a los miembros de grupos vulnerables, para la protección del derecho a una alimentación adecuada. Analizar el conjunto normativo, nacional e internacional, invocado en dicha jurisprudencia, así como las reglas y modelos de interpretación normativa aplicados, realizar un análisis crítico del material examinado, identificando, en su caso, sus aciertos, errores, avances y desafíos, en cuanto a la ampliación o reducción de la capacidad de la Argentina para garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Asimismo, en lo concerniente a la ampliación, analizar la eventual proyección de dicho material sobre los restantes países de América Latina y el Caribe.
El corpus jurisprudencial investigado, en suma, por su apego y franca apertura a los lineamientos, estándares y fuentes internacionales en materia de DESC, permite ser calificado como singularmente apropiado para garantizar el respeto, protección y realización del derecho a una alimentación adecuada en términos no menores a los establecidos, en la materia, por dichos lineamientos, estándares y fuentes y, por ende, para dar satisfacción a la Directriz 7. Este corpus, por lo demás, trasunta una sensibilidad peculiar de la CSJN hacia los DESC, tanto en su cariz sustancial, cuanto en el procesal de acceso a la jurisdicción y de justiciabilidad.
La investigación, en breve, da cuenta de que las conclusiones y razonamientos del tribunal vinculados con otros DESC, son perfectamente extensibles, proyectables, aplicables y trasponibles al derecho a la alimentación adecuada. En este horizonte, puede afirmarse que la República Argentina, a la luz de los fallos de la Corte Suprema, cuenta con un aparato jurídico dogmático y conceptual que está preparado para hacer efectiva la Directriz 7 de FAO.
Diario Norte (Argentina) – La Ley 25.724 asegura la nutrición y alimentación a niños de hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. Dice esta ley que es en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía.
Campesinos del Valle (ARGENTINA) – El 13 de diciembre de 2013 el Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas y Laboral de Concarán, a cargo de la Dra. Uccello de Melino, dispuso ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario en la zona de Santa Martina.
A partir del hallazgo de la falta de un conocimiento acabado sobre El contenido del derecho a la alimentación tanto a nivel legislativo, judicial y gubernamental –identificado en el estudio realizado por este equipo de trabajo durante el año 2012 titulado El estado del arte del derecho a la alimentación en la Argentina- y convencidos de que tal difusión forma parte de la esfera de protección estatal, presentamos como fruto de esta investigación un análisis relativo a las obligaciones que asumen los Estados en miras a efectivizar el ejercicio de un derecho, considerando en ese orden a la difusión como parte integral de ellas, para así luego realizar un diagnóstico sobre los programas actualmente en funcionamiento con ese objetivo. En particular se considera, en ese orden, a los canales de acceso a la justicia – desde una concepción formal amplia – en miras a la protección del derecho a la alimentación de la población vulnerable bajo el marco de aquellas obligaciones. De esta manera se presentan las teorías desarrolladas al respecto y los programas actualmente vigentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –circunscripción obligada en aras de una investigación precisa y acotada-, analizados críticamente, a fin de identificar sus falencias y aciertos, e intentando hacer un aporte para la efectiva satisfacción de este derecho elemental.
En función de uno de los propósitos generales del ODA-ALC consistente en promover la incidencia en las legislaciones y en las políticas públicas de los Estados, el presente proyecto de investigación busca proporcionar insumos y herramientas para la toma de decisiones, especialmente en el marco de las iniciativas del Frente Parlamentario contra el Hambre de Argentina (FPH Argentina). El FPH Argentina, entre sus objetivos, se fijó: i) “Elaborar un Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación”; ii) “Efectuar una revisión de la Ley. 25.724 (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria –PNSA-)”; y iii) Avanzar en frentes parlamentarios contra el hambre en instancias provinciales/locales.
En este sentido, desde el presente proyecto, se han realizado los siguientes trabajos que guardan relación con los objetivos del FPH Argentina.
Trabajo 1: Se realizó una síntesis del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) aplicable y de los principales instrumentos diseñados a partir de la interpretación de los estándares que se han desarrollado a la fecha sobre el alcance de las obligaciones estatales en materia de alimentación, para en base a ello desarrollar y justificar propuestas de medición de derechos a partir del uso de indicadores de progreso y analizar la efectiva incorporación del enfoque de derechos en el anteproyecto de ley marco de derecho a la alimentación del FPH Argentina.
Trabajo 2: Se analizó el PNSA a través de documentos oficiales de los poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales y de organismos de control nacionales. Con los datos obtenidos, se identificaron aspectos críticos del plan y se realizaron observaciones a la luz del enfoque de derechos. Entre los documentos relevados se encuentran: i) Informes de la Auditoría General de la Nación, ii) Evolución presupuestaria del PNSA desde el año 2003 al año 2012 en base a datos obtenidos del Ministerio de Economía de la Nación, iii) La totalidad de iniciativas legislativas presentadas en el Congreso Nacional referidas al PNSA entre 2002 y Agosto de 2013.
Trabajo 3: Se trabajó desde una perspectiva macrosocial, realizando análisis documental de normativa relacionada a los programas CP y TS. Para el estudio del impacto cuantitativo se realizó una estimación propia del aumento de precios en base a distintas canastas alimentarias y los montos de prestación de los programas. Asimismo se incluyó dentro del análisis la acción de amparo presentada por la Asesoría General Tutelar (AGT), tomando distintos elementos del expediente judicial.
Principales conclusiones
Trabajo 1: Existe una necesidad de afianzar más las obligaciones estatales en materia de derecho a la alimentación adecuada, entendiendo el desarrollo de indicadores e incorporación de los mismos por los Estados como un factor relevante. Resulta positiva la presentación de anteproyectos de ley marco en el Congreso Nacional de Argentina. Sería oportuno avanzar con el proyecto del FPH Argentina que abrió la participación en su armado a múltiples actores y plantea una propuesta que, en base a la soberanía alimentaria, incorpora la perspectiva de interdependencia e indivisibilidad de los DDHH.
Trabajo 2: En cuanto al “contenido mínimo” del derecho a la alimentación, el PNSA no ha logrado cumplir con la adecuación ni con la accesibilidad económica (vgr. prestaciones únicas anuales, montos insuficientes de las tarjetas para la compra de alimentos de la canasta básica). La implementación del PNSA presentó irregularidades en múltiples jurisdicciones y localidades, lo cual se pudo constatar a través de informes de AGN y de pedidos de información en el ámbito legislativo. El PNSA no ha garantizado una correcta rendición de cuentas, basada en un claro y oportuno acceso a información y producción de información. El presupuesto del PNSA se ha ido incrementando a lo largo de los años. No obstante ello, debe tenerse en cuenta el contexto inflacionario. Asimismo, ha existido un mayor incremento proporcional del salario mínimo respecto del PNSA. A diez años de su implementación, el PNSA continúa siendo una política de emergencia originada en un período post crisis, pero apartada de un enfoque basado en derechos.
Trabajo 3: CP fue un programa innovador y de ampliación de derechos en sus inicios, incrementando los niveles de cobertura y de impacto dentro de la población más vulnerable de la Ciudad. En lugar de ampliar y “mejorar” CP, las nuevas gestiones de gobierno crearon TS, destinado para la misma población pero con una prestación con un monto mucho menor y sin relación con los requerimientos mínimos de la Canasta Alimentaria. La respuesta del GCBA en relación al derecho a la alimentación es deficitaria y regresiva. En términos de impacto cuantitativo de estos dos programas, los resultados muestran una reducción continua de la población cubierta, hecho que podría estar relacionado con la implementación a nivel nacional de la Asignación Universal por Hijo. Cabe destacar la reducción en términos reales del gasto destinado a estos programas. El Poder Judicial juega un rol clave en la arena de las políticas públicas para exigir el efectivo cumplimiento de los derechos sociales (a raíz del análisis del amparo de la AGT).